Pueblo en vilo by Luis González y González

El general Antonio López de Santa Anna, el presidente cojo que se hacía llamar Su Alteza Serenísima, disfrutaba del espectáculo de un gran baile, cuando supo que el coronel Florencio Villarreal, al frente de una tropa de campesinos, había lanzado en el villorrio de Ayutla un plan que exigía la caída del gobierno y la formación de un Congreso Constituyente que le diera al Estado mexicano la forma republicana, representativa y popular. Las adhesiones al Plan de Ayutla vinieron de todas partes. La Revolución cundió. Santa Anna se fue. Los liberales puros o del «ir de prisa» tomaron el poder; expidieron leyes anticlericales y unificaron a todo el clero en su contra. Alguien en el Congreso Constituyente trató de ir más allá. Ponciano Arriaga, «para que del actual sistema de la propiedad ilusoria, porque acuerda el derecho solamente a una minoría, la humanidad pase al sistema de propiedad real, que acordará el fruto de sus obras a la mayoría hasta hoy explotada», pide que se distribuyan «nuestras tierras feraces y hoy incultas entre hombres laboriosos de nuestro país».[1] El Congreso no toma en cuenta esa sugerencia, ni tampoco las similares de Olvera y Castillo Velasco. Los constituyentes redactan una Constitución parecida a la de 1824, pero con mayor dosis de libertades para el individuo y menos para las corporaciones, entre las cuales figuraba en lugar eminente la Iglesia.

Lo acordado por los constituyentes acrecentó la discordia civil. Liberales y conservadores se pusieron a pelear sin tregua ni cansancio en una guerra que habría de durar tres años. El primero fue de victorias contrarrevolucionarias; el segundo de equilibrio de fuerzas, bandolerismo, robo, hambre, epidemias, oratoria política y literatura de combate, y el tercero, de grandes triunfos para el partido liberal y de la expedición de las segundas Leyes de Reforma. Justo Sierra cree que esa lucha removió «conciencias, hogares, campos y ciudades». Quizá ningún estado se abstuvo de tomar parte en ella.