Hacia una economía moral

La austeridad nuestra se inspira en el criterio del presidente Benito Juárez, quien sostenía: «Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado».

Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. El Gobierno actual ha eliminado los privilegios y prebendas que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. Había servidores públicos que ganaban hasta 700 000 pesos mensuales, mientras los trabajadores de base recibían 8 000 pesos mensuales en promedio. Esto se terminó cuando se aprobó una reforma al artículo 127 de la Constitución para que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, es decir, más de 108 000 pesos mensuales, sin compensaciones, pues me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que recibía el expresidente Enrique Peña Nieto. Como es natural, ha habido resistencias de quienes abusan de los cargos y, en algunos casos, sobre todo en las instancias autónomas, se recurrió a juicios de amparo pero, en lo general, la medida ha ido avanzando.