Hacia una economía moral

Estamos poniendo en práctica el mandato constitucional, según el cual, el Estado tiene la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional. Es obvio que no puede distribuirse una riqueza inexistente y no puede repartirse lo que no se tiene. Pero tampoco debe sostenerse, en serio y con honestidad, que, si se acumula capital en unas cuantas manos, va a beneficiar a todos por contagio o por arte de magia. Es falaz la afirmación de que el Estado no debe promover el desarrollo, que debe abstenerse de procurar la distribución del ingreso y que ha de dedicarse en exclusiva a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios, pensando que los beneficios se derramarán automáticamente al resto de la sociedad.

Este criterio se aplicó en el Porñriato y condujo a la Revolución. En ese tiempo, se pensaba que el Estado solo debía garantizar el orden y no intervenir en el manejo de la economía para procurar el bienestar y la felicidad de los mexicanos porque, en otras palabras, era más eficiente la iniciativa privada para alcanzar el progreso y bastaba con entregar concesiones, contratos y subvenciones; dar confianza y asegurar buenos dividendos a banqueros e inversionistas nacionales y, sobre todo, extranjeros. Quizá la mayor enseñanza del modelo económico porñrista sea que la apuesta por el progreso material sin justicia es una opción política inviable y condenada al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza, sin procurar su equitativa distribución, produce desigualdad y graves conflictos sociales.