Hacia una economía moral

El Ejecutivo Federal ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Entre 2006 y 2018, los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el llamado «populismo penal», consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas. El resultado fue catastrófico, y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos y lesionados, además de una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social. Se recurrió al empleo de las Fuerzas Armadas en su configuración de cuerpos de combate, se omitió la profesionaliza-don de las corporaciones policiales y se entregó el manejo de la seguridad a autoridades facistoides o extremistas. Actualmente, el país padece aún las consecuencias de esa política equivocada.

No debe olvidarse que el 2 de enero de 2007, Felipe Calderón, para tratar de legitimarse luego del fraude electoral, ordenó desde Apatzingán, Michoacán, la participación de las Fuerzas Armadas en lo que denominó «guerra contra el narcotráfico». Esta irresponsable decisión condujo a soldados y marinos a una lucha frontal contra la delincuencia organizada bajo la consigna de «limpiar» sin piedad, como fuera: con «tiro de gracia», masacres o exterminio. La prueba más fehaciente de este proceder autoritario se encuentra en el hecho de que en ese sexenio se produjo el mayor índice de letalidad registrado desde la Revolución mexicana. Debe saberse que esta tasa se obtiene del promedio de delincuentes o enemigos muertos en enfrentamientos comparado con los heridos y detenidos presentados por las fuerzas militares ante la autoridad.