La disolución de la monarquía hispánica y el…

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La insurrección iniciada en 1810 se había extendido con rapidez. Con el saqueo de fuertes cantidades de plata y el asesinato de muchos hombres ricos se resquebrajó aún más el sistema crediticio que sostenía la actividad minera, agrícola e industrial. Con la rebelión se cortó el abastecimiento norteño de insumos para el Bajío. En pocas semanas los obrajes de Querétaro se vieron desprovistos de la lana proveniente del norte novohispano. Hacia la otra dirección, se interrumpió el abastecimiento de dinero, víveres y manufacturas a ciudades lejanas como Saltillo, Monterrey, Durango o Chihuahua. La dimensión del saqueo a todo tipo de unidades económicas se incrementó cuando muchos pueblos de Guanajuato, Michoacán, la zona de Toluca y hasta Puebla y Veracruz se unieron a la insurgencia. Estas zonas experimentaron un muy considerable descalabro económico.

Lo que los ejércitos guerrilleros no arruinaron, los realistas lo arrasaron en búsqueda de comida, caballos y armas. Cuando se marcharon destruyeron toda posibilidad de que el enemigo pudiera aprovechar aquellas tierras. En el caso de la Intendencia de Valladolid, fuentes judiciales de años posteriores a la guerra muestran cómo se redujo la expectativa de recuperar la actividad económica: animales, semillas, obras de irrigación, herramientas, libros de cuentas, cercos, molinos, etc., todo sufrió merma o fue completamente destruido. Cuando se restableció una aparente normalidad, muchos propietarios habían abandonado sus tierras, dejándolas a aparceros y arrendatarios, que las dedicaron sobre todo a su propia subsistencia. Esta situación contrasta con lo que sucedió en la provincia de Guadalajara, donde prevalecieron grandes propiedades familiares agrícolas.

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